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Abril 2008 |
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Colombia presenta los peores antecedentes de violencia contra sindicalistas en todo el mundo. Según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), una prestigiosa organización dedicada a estudiar los derechos laborales en Colombia, han sido más de 2.500 los homicidios cometidos desde 1985 y casi 3.500 las amenazas contra sindicalistas desde 1991. Si bien la cantidad de homicidios por año ha variado, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la ENS ha documentado más de 400 homicidios y más de 1.300 amenazas contra sindicalistas. Un factor importante que contribuye a la violencia es la continua falta de resultados por parte de las autoridades colombianas en el enjuiciamiento de los autores y en la desarticulación de las mafias paramilitares que han perseguido a sindicalistas en forma deliberada. Menos del 3% de homicidios de sindicalistas han sido esclarecidos. Mientras tanto, el gobierno de Uribe se encuentra envuelto en un escándalo de dimensiones cada vez mayores a causa de los vínculos de grupos paramilitares con importantes funcionarios de su gobierno y más de 40 legisladores pertenecientes a la coalición de Uribe. En vez de apoyar inequívocamente las investigaciones de estos casos, Uribe ha dirigido ataques personales en repetidas oportunidades contra jueces y periodistas que están intentando llegar al fondo de estos graves casos. El gobierno colombiano sostiene que, gracias a un programa de desmovilización que ha implementado, ya no existen grupos paramilitares en Colombia. Sin embargo, la Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a cargo de verificar las desmovilizaciones ha identificado 22 grupos ilegales armados, en muchos casos integrados por paramilitares, que reclutan a nuevos integrantes y están participando en actividades como tráfico de drogas, extorsión, homicidios selectivos y desplazamiento forzado de civiles. Human Rights Watch ha recibido denuncias graves de actividad paramilitar en Medellín, una de las ciudades que la Secretaria de Estado ha incluido en su agenda de visitas programadas. Hace poco, un representante de la OEA que monitorea la desmovilización de los grupos paramilitares en esta ciudad recibió una grave amenaza de muerte. Los principales jefes paramilitares, varios de los cuales tienen procesos en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, aún no han entregado las inmensas fortunas acumuladas durante décadas en las que se han dedicado al tráfico de drogas, el crimen organizado y la apropiación forzada de tierras. Tampoco han entregado información significativa que asegure una desarticulación total de sus estructuras mafiosas. "Si el gobierno de Bush continúa ignorando la grave situación de derechos humanos en Colombia, terminará confirmando la percepción reinante en América Latina de que Estados Unidos aplica un doble estándar en esta materia," afirmó Colombia: Nueva y macabra ola de asesinato de sindicalistas Nuevamente, una oleada de asesinatos cobra la vida de destacados activistas del movimiento de los trabajadores colombianos. Durante los primeros tres meses de 2008 fueron asesinados los siguientes 19 sindicalistas: El 2 de enero, en Medellín, Antioquia, Mario Zuluaga Correa, de la Asociación Médica Sindical, Asmedas; el 12 de enero, en San Jerónimo, Antioquia, Ramiro de Jesús Pérez Zapata, dirigente de Adida, Fecode, CUT; el 24 de enero, en Chaparral, Tolima, Israel González, secretario general de Astracotol, Fensuagro, CUT; el 28 de enero ,en Itagüí, Antioquia, Yebraín Suárez de Sigginpec, Cgt; el 2 de febrero, en Macarena, Meta, José Martín Duarte Acero, de Sintrambiente, Cgt; el 8 de febrero, en Tame, Arauca, María del Carmen Meza Pasachoa, de Asidar, Fecode, CUT; el 9 de febrero, en Balboa, Cauca, Arley Benavides Samboní, de Anthoc, CUT; el mismo 9 de febrero, en La Vega, Cauca, José Giraldo Mamián, de Asoinca, Fecode, CUT; el 4 de marzo, en Ocaña, Norte de Santander, Carmen Cecilia Carvajal Ramírez, de Asinort, Fecode, CUT; el 6 de marzo, en Bogotá DC, Leonidas Gómez Rozo, del comité de empresa del Citibank, Uneb, CUT; el 8 de marzo, en Medellín, Antioquia, Gildardo Gómez Alzate, del Centro de Estudios e Investigaciones docentes de Adida, Fecode, CUT; el 9 de marzo, en San Vicente del Caguán, Caquetá, Carlos Burbano, vicepresidente local de Anthoc, CUT; el 12 de marzo, en Codazzi, Cesar, Víctor Manuel Muñoz, de Aducesar, Fecode, CUT; el 15 de marzo, en Puerto Asís, Putumayo, Manuel Antonio Jiménez, de Cicacfromayo, Fensuagro, CUT; el 16 de marzo en Puerto Asís, Putumayo, José Fernando Quiróz, de Cicacfromayo, Fensuagro, CUT; el 18 de marzo, en Cartago, Valle, José Gregorio Astros Amaya, de Aseinpec, Cgt; el 22 de marzo en Riohacha, Guajira, Adolfo González Montes de la comisión de reclamos de El Cerrejón, Sintracarbón, CUT; y el 1° de abril, en La Hormiga, Putumayo, Luz Mariela Díaz López (quien tenía 7 meses de embarazo) y Emerson Iván Herrera Ruales, de Asep, Fecode, CUT. Varios de estos asesinatos han tenido características extremadamente atroces. Los autores han torturado a las víctimas en forma vil. Leonidas, Gildardo y Adolfo, a pesar de haber sido muertos en tres sitios distantes del país, Bogotá, Medellín y Riohacha, sufrieron ataques muy similares, tajados dentro de sus viviendas, en las que recibieron numerosas cortadas y puñaladas. Los criminales en estos tres casos usaron sólo armas cortos punzantes. El cuerpo de Carlos Burbano fue encontrado en un basurero, cruelmente torturado. Aunque el magisterio, que realizó las mayores movilizaciones en 2007 y ha logrado la mayor presencia política, es otra vez el sector que más asesinados registra, esta vez los asesinatos han apuntado a una amplia gama de sindicatos, en una verdadera agresión contra el ascenso que el movimiento huelguístico registrado en el país, en sectores tan diversos como la minería (Billiton - Cerromatoso), la agricultura (palma aceitera), la salud y la administración pública (Dian, Justicia). Fuente: Soldepaz.Pachakuti / Aldea.Nafarroa / ISI Burgos.
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