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Mayo 2008 |
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Fallo en Valparaíso por Nelson Agustín Aramburu En los últimos meses hemos sido testigos impotentes de una escalada represiva que parece no tener fin. La prensa mercurial destaca mañosamente hechos aislados de violencia, como al día siguiente de la Marcha del Puertazo el 29 de Abril, en que mas de 5 mil personas respaldaron en las calles el Manifiesto de las Organizaciones Sociales por Valparaíso, y el Diario La Estrella, bajo el Titulo: "Festival de combos y patadas en Marcha del Puertazo", destaco en portada una pelea entre adolescentes que nada tenia que ver con la movilización. Las autoridades "democráticas" en vez de solucionar los graves problemas que afectan a la comunidad porteña, amenazan con descargar todo el peso de la ley, sobre quienes osen salir a las calles a manifestar sus descontento por el actual estado de cosas; como el Sr. Intendente, Ivan de la Maza, que anuncia con demandas civiles contra los padres de los estudiantes detenidos, en vez de resolver el tema de la tarifa escolar con los empresarios del transporte publico, o de indignarse por la forma en que son maltratados niños y adolescentes por funcionarios policiales que tienen por ley la obligación de brindar protección a la ciudadanía. Los rectores de las principales universidades de la región por su parte, en vez de resolver los graves problemas que aquejan a una educación superior mercantilizada, subscriben –como informo la prensa- con el aval de la Gobernación, un "acuerdo" que permite a Carabineros ingresar a los recintos universitarios a perseguir a los estudiantes que protesten. En tiempos de Dictadura militar, hubo rectores con mas dignidad que los actuales, que defendieron la autonomía universitaria. En este contexto, la fuerza policial, actúa cada vez mas como fuerza autónoma, estableciendo sus mandos los criterios de actuación de una fuerza militarizada en contra de la ciudadanía indefensa. En declaraciones anteriores hemos insistido en que "la culpa no la tiene el chancho, sino quienes le dan afrecho". Cuando la clase politica -pauteada por los medios derechistas- pone el énfasis, no en solucionar los problemas que aquejan a la gente, sino en el "resguardo del Orden Publico", están estableciendo las bases de un Estado Policial. Cuando S.E. la Presidenta de la Republica, rasga vestiduras en los funerales de Carabineros muertos en cumplimiento de su deber, pero mira para el lado cuando esos mismos funcionarios asesinan a jóvenes mapuches o estudiantes; Cuando los parlamentarios rebajan hasta la vergüenza la imputabilidad juvenil, cuando reponen la Detención Por Sospecha y exigen a los jefes de inteligencia mayores niveles de infiltración y soplonaje en las organizaciones sociales y políticas;, no es de extrañar que los funcionarios policiales se sientan autorizados a golpear y gasear sin contemplaciones a quienes manifiestan su descontento. Nosotros hemos planteado responsablemente que no aceptamos la violencia contra las personas o los bienes; pero no estamos tan enajenados como ciertos periodistas o autoridades que claman al cielo porque los chicos queman un tacho de basura y sonríen complacidos cuando un grupo de delincuentes con uniforme –al margen de toda ley- golpea brutalmente a unas adolescentes que tratan de impedir que detengan a una compañera de estudios. Estas no son especulaciones. Las y los porteños contemplamos horrorizados en las pantallas de los informativos, como en la tarde del jueves 08 de mayo, en Playa Ancha eran golpeadas y arrastradas por el suelo unas jovencitas. Una de ellas fue detenida. La seriedad de sus lesiones –que fueron constatadas en el servicio de urgencia- sumadas a la evidencia fílmica, llevo al Defensor Publico... y al Fiscal del ministerio Publico en la audiencia realizada al mediodía del viernes en la Sala 9 del Tribunal Oral en lo penal de Valparaíso, a enfatizar que "nunca, en ninguna circunstancia, es aceptable la agresión violenta en contra de las personas". En el caso del otro estudiante detenido en playa Ancha, que fuera detenido sin oponer resistencia y golpeado al interior del vehículo policial, se configuro el delito de torturas, por lo que la jueza, -magistrado Silvia Quintana- ante la magnitud de las evidencias, declaro ilegal las detenciones, y ordeno que se instruya sumario para identificar y enjuiciar a los funcionarios involucrados en maltratos y torturas a detenidos. Esperamos sinceramente que a pesar de las presiones de la Intendencia, el poder judicial porteño no renuncie a las atribuciones que establece la ley; es la única manera de evitar que la convivencia social se deslice por la pendiente de la violencia irracional. La ciudadanía ya esta discutiendo formas de enfrentar la indefensión en que se encuentra frente a los energúmenos con uniforme, por la complicidad manifiesta de quienes debieran velar por la tranquilidad de su comunidad. (*) Secretario Ejecutivo Comisión Ética contra la Tortura V Región Enviado por Juana Aguilera juanaaguilerajaramillo@gmail.com
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