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Enero 2012 |
ANGLOAMERICAN Y LA RECUPERACIÓN DEL COBRE
Con el escándalo de la negativa de Angloamérican de acceder a la
demanda de Codelco por la participación del 49% establecida según
contrato, viene a poner en el tapete lo excedido de la licencia tomada
por los legisladores chilenos y los ejecutivos y burócratas para
instalar una legislación irracional y absolutamente lesiva para el
país.
Las dictaduras, sabemos, son discrecionales y por tanto propensas a la
corrupción; la democracia que le sucedió, conservó los vicios de una
semi-dictadura (o de dictadura perfecta), puesto que los partidos
políticos se instalaron en el poder sobre la base de un cupularismo
totalmente desligado de sus bases sociales. Los cargos del Estado
fueron ocupados a manera de canonjías establecidas por un sistema
electoral binominal que privilegia la selección de los candidatos
desde las cúpulas partidarias sin deber nada de su responsabilidad a
la base social o popular.
Es por eso que esta llamada “democracia” se establece bajo la fórmula
de tutelaje, desde dos frentes: desde las cúpulas partidistas y desde
los poderes fácticos dejados por la dictadura, como poderes fuertes.
Ambos poderes, que son los reales ejecutores de las decisiones de
trascendencia nacional y estructurales, definieron tras bambalinas y
en total ignorancia del pueblo de Chile, como se puede constatar hasta
el día de hoy, esta estrafalaria legislación, que pone a Chile en
estado de regresión a las condiciones coloniales más oprobiosas y
abusivas.
Siempre hemos sostenido que la elite política, tanto de la dictadura
como de la llamada democracia, privilegió expropiar los bienes
públicos (sociales), de los cuales su dueño es el pueblo, antes que
recurrir a cobrar impuestos a las clases ricas y empresariales para
financiar los gastos del crecimiento de la economía y de las demandas
sociales. Vender las empresas del Estado, forjadas con gran sacrificio
por el ahorro de varias generaciones de compatriotas y con
rendimientos en niveles de excelencia, si se les coteja con los
estándares internacionales, sólo impuso una elevación de los costos
por servicios y no un correlativo incremento en la mejora de las
prestaciones ni de los montos de inversión final acumulados en el
tiempo.
Por otra parte, la entrega de recursos naturales, como el cobre, las
concesiones de aguas, de lagos, territorio oceánico, bosques, etc., no
ha reportado más que deterioro patrimonial físico y económico. No se
ha creado más empleo que en niveles de marginalidad intrascendente y
se ha inflado un PIB que en realidad no nos pertenece como ingreso
nacional.
Todo esto es una pérdida de la única herencia de que dispone el
pueblo, y se ha dilapidado no en beneficio del pueblo mismo, sino de
los grandes consorcios que ordeñan al país y a su pueblo con tarifas y
elusiones tributarias, regalías y exenciones que les exime de
contribuir a sostener al Estado, pero les entrega de manera
privilegiada todos los servicios y facilidades para sus operaciones de
alta rentabilidad.
Chile, y su pueblo, se ha transformado en la gleba de las clases
privilegiadas del país, que ven, con esta fórmula perversa de ordenar
las cosas de la sociedad, acrecentar la riqueza de los ricos de manera
exponencial, mientras que los nacionales corrientes deben cargar con
todos los costos de esa forma saudita de vida.
Este abuso, que por permanecer demasiado tiempo amenaza con hacerse
normal y aceptable, es tan pernicioso y peligroso, que prontamente
debe ser resuelto. Muchos pueden ser engañados por un tiempo, pero no
todo el tiempo, y ya Chile comenzó a tomar conciencia de estos
desaguisados del modelo capitalista de acumulación, llamado
neoliberal, de los cuales se hicieron acólitos los de la Concertación.
¿Cómo recuperar nuestra riqueza?
1.- Una es a través de la expropiación total o también llamada
Nacionalización;
2.- La segunda, que es a través de una “soberanización".
La primera fórmula la aplicó Chile al nacionalizar el 100% de la
minería por reforma de la Constitución en 1971. También la han
aplicado países de nuestra Región recientemente: caso de Bolivia con
el gas, Ecuador con gas y petróleo, Venezuela en varias áreas.
Esta opción “totalista” conlleva una postura confrontacional ante los
intereses internacionales y algunos nacionales (de la cúpula
empresarial aliados a las transnacionales). No es inviable pero es
problemática.
La segunda opción, es decir una política de soberanización, implica
trasladar las decisiones soberanas al Estado chileno y no al antojo de
una legislación privatista.
Chile, como cualquier país que vive de las exportaciones de materias
primas, tiene libertad jurídica para establecer las condiciones de
esas explotaciones mineras o de recursos naturales de manera soberana.
Así los establece el reglamento del FMI y del Banco Mundial. Es por
ello que los países antes nombrados pudieron expropiar y nacionalizar
sus riquezas sin que tuvieran que pagar costo alguno por estas
medidas.
Chile no lo hace simplemente porque hay un notable desequilibrio entre
el poder de las oligarquías extranjerizantes y el pueblo; por tanto
prevalecen las decisiones de quienes mantienen la sartén por el mango,
y el pueblo deberá permanecer, hasta no se sabe cuando, a la
expectativa de que la tortilla se dé vuelta.
Una forma de “soberanizar” la riqueza es establecer por ley que
ninguna explotación minera ni de otros recursos naturales se puede
hacer sin la participación mínima del Estado del 51% de las acciones.
Esto garantiza que lo que es del pueblo de Chile sea administrado por
el Estado de Chile y vuelva a sus propietarios en términos de
decisiones soberanas.
Esto debe ser complementado con una reforma tributaria que obligue a
pagar impuestos efectivos y se eliminen los artilugios que autorizan
una total elusión y evasión de tributos por parte de las empresas.
Además, el Royalty debe ser ahora un royalty efectivo y no un impuesto
específico, que tampoco se paga- o se paga en mínima parte-, pues está
instalado sobre utilidades y no sobre ventas o extracción.
Debemos recordar que este falso royalty se negoció de esta forma,
simplemente por no aceptar el derecho de “propiedad perfecta” por
parte del Estado chileno sobre los recursos naturales, dejando el
concepto de “propiedad imperfecta” para el Estado y de “propiedad
perfecta” para los privados que se adjudican la concesión minera o de
recursos (Ley de concesión plena de José Piñera y Hernán Büchi).
Como vemos, todo puede y debe ser cambiado. Lo que no puede suceder es
que las cosas sigan de esta forma, pues lo que acarrea es ruina segura
para la sociedad chilena, es decir los pobres de Chile, pues los ricos
ya tienen asegurado el futuro.
Este tema debe estar en las próximas elecciones presidenciales. Los
próximos mandatarios no pueden venir a administrar este estado de
cosas; deben venir a transformar esta realidad, a cambiarla y a
ofrecer a los chilenos un país de verdad.
Hugo Latorre Fuenzalida |
