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COMO EN CHENA Y EN OTROS LUGARES,
LOS ASESINOS SON "PREMIADOS" POR LA JUSTICIA
¿DEBEMOS OLVIDARNOS DE LO QUE PASÓ
Confesiones inéditas vinculan a la CMPC con la
masacre de 19 trabajadores en Laja
Fue una cacería. En septiembre de
1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron
a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a
dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los
que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y
enterraron clandestinamente. Todos los policías habían
bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la
que también aportó vehículos para la caravana de la
muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A
pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el
pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche
se mantuvo hasta agosto del año pasado.
“Como era arena no era difícil cavar.
Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de
profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19
detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a
los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros,
dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el
carabinero Gabriel González discutió fuertemente con
Nelson Casanova, porque éste último no quería
disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González
que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con
el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión.
Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el
oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos
disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente
Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la
espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya
muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien
los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del
otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas
y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia,
seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente
había traído del casino de la planta papelera de la CMPC.
Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo
que había pasado. Fernández dio la orden de guardar
silencio. Después todo siguió como si nada”.
El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme
fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el
secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre
de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días
previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja
aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego
meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después,
esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca
del Puente Perales, en el Fundo San Juan.
La primera vez que Vidal habló sobre lo
que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de
Concepción presentó una querella contra los carabineros de
la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte
de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo
entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15
compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros
los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez
preguntó a los militares de ese regimiento por los 19
trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron
allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque
cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los
habían subido a una micro que les había facilitado la
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que
en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una
“patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les
perdieron la pista.
Para algo sirvieron las indagaciones de
Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa
común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían
llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera,
cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado
después de que un agricultor denunciara a Carabineros de
Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos.
El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de
Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina
Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos.
Nunca se investigó.
Sin saber cómo habían llegado los
cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los
restos fueron identificados, y entregados a sus familiares
que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo
de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los
antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción.
En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981,
la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la
acción de la justicia.
CIPER tuvo acceso a las declaraciones y
documentos de esa investigación. Entre ellos está la
confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011
ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces
comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el
destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros
asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de
septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de
captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y
financiamiento que dieron para su exterminio un importante
empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona,
empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente
Jorge Alessandri y cuyo
principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.
El juramento que los carabineros de la
Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el
Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente
Alberto Fernández Michell, se iba destinado a
Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la
boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.
15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO
El maquinista de Ferrocarriles Luis
Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de
San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que
hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada
anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de
marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario
de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero
no aparecía entre los que tenían programado viajar ese
sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la
caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta
Ferroviaria.
-Devuélvase al trabajo, que lo andan
buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo
su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio
llegar.
Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le
respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que
no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo
buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior
había llegado de un viaje al sur y apenas supo que
Carabineros requería que militantes y dirigentes
sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de
San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel
escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era
militante del Partido Socialista (PS), que presidía la
Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era
dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de
Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía
retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en
eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente
en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos
una patrulla de policías de Laja le había preguntado por
él y que les había dicho dónde vivía.
Cuando estaba por llegar a su hogar, su
esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón
gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus
anteojos del mismo color. También vio como seis o siete
carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus
fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la
reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió
gritando a los policías para que la dejaran, al menos,
despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas
a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero
y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban.
Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San
Rosendo recién comenzaba.
Como la patrulla que comandaba el
teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes
debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul,
del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una
lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino
de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los
dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los
conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser
detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo
llevaban.
Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos,
también maquinista y dirigente del sindicato de
Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a
buscar a su casa una hora después, cuando estaba por
sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla
que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y
lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC),
Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario
Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela;
Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el
director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza
(23).
Todos fueron llevados a la Plaza de San
Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla,
un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y
que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual
que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante
Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron
los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por
el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro
lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías
de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente
Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia
de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.
11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES
Aunque fue el primero en ser detenido,
el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los
miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el
Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en
Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de
conducción. Y cuando el día siguiente
rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después
de la ejecución, partió por el principio:
“Estaba en mi domicilio entregado por la
CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había
llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como
subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de
jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la
autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras
esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los
carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor
Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez
Ceballos, que me seguían en el mando”.
“Esa misma mañana recibí la orden por
parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a
todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al
alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de
detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al
Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la
Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días
después, mi superior en Los Ángeles, el comisario
Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a
todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una
planta química, los activistas podían tomársela y actuar
en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de
inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel
de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la
orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez
que procedieran con el personal a realizar esa labor,
porque ellos conocían más a esas personas”.
Desde que Salvador Allende asumió la
presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de
empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el
mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández
Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún
tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de
300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron
con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la
Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla
tenía en sus manos una lista que el superintendente de
la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto
Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.
Los que figuraban en la nómina fueron
separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al
edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la
empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los
subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al
cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma
micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre
ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de
la Papelera y militante del MIR que se sumó
voluntariamente a la
reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro
Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo
llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus
compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo
por última vez!”, les gritó.
Después de poco más de un año y tres
meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar
por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a
ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días
siguientes no tuvieron.
13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS
Lo primero que hizo la patrulla que ese
día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos,
fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel
Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su
prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el
tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba
la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a
punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron.
Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue
sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la
CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo
llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de
1973. Mario tenía 18 años.
En cosa de minutos le avisaron a su
papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor.
Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con
Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la
Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron
que ya habían registrado su detención en los libros
correspondientes. Después le dirían a su padre que lo
habían detenido porque “militaba con los miristas”. Manuel
ya había sido detenido antes, durante la campaña para las
elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a
otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó
detenido.
El siguiente en la lista fue Luis
Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del
Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca
Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30.
Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que
hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque
justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa
y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto.
Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.
Esa tarde, los carabineros volvieron a
la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de
Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de
Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna
de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con
los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina
estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez,
militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico
Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se
sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del
Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente
después de oír en una radio local que lo andaban buscando.
A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de
septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus
suegros. Nunca regresó.
El 14 de septiembre, Rodríguez salió de
nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que
alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron
ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró
saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era
Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años
ya tenía ocho hijos.
16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA
Muy probablemente, la Tenencia de Laja
nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche
del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella
construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda
como “dos mediaguas grandes a las que se le habían
hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a
los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que
secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el
director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge
Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma
voluntaria.
Desde que comenzaron las detenciones,
sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la
autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de
Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a
verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado,
pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa
también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del
grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a
tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San
Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y
mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido
en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los
detenidos que también los habían sentado en la pica.
El 16 de septiembre llegaron a la celda
los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de
17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando
peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos,
director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de
su casa y de ahí fue directo al calabozo.
Hasta el 17 de septiembre, las visitas a
los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi
todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa
limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la
cena. También los visitaba el párroco de Laja, el
sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado
a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la
Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez
que iban intentaban convencer a los carabineros de que los
soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos,
que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de
fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una
orden.
“Estaba cenando en el comedor cuando el
suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari,
el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba
muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al
regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema
de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me
había casado sin permiso de mis superiores y estaba
esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo
que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me
preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que
había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me
dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las
consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés
y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.
18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE
Los hombres que seguían a Fernández en
la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo
minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos
y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre.
Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de
la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El
plan para matar a los 19 ya estaba en curso.
“Cuando nos llamaron al cuartel, ya
había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron
en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber
pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los
integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente
Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al
cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de
tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los
19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les
amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y
alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los
subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el
interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las
manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente
de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y
Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.
Hasta que el cabo Samuel Vidal
declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás
apareció en la investigación. Después de él, Fernández y
varios carabineros ratificaron su participación en la
matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo
había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep
de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el
Puente Perales, después de una curva en el camino entre
Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la
derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un
claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los
carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio
sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el
hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo
Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja,
mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un
escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los
sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche
sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.
Según
un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se
estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada
fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su
buena conducta, había sido incorporado al Centro de
Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto
criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio,
murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice
y haber guiado y observado como un grupo de policías
fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de
1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º
(r) Pedro Parra
recuerda muy bien:
“No había militares ni agentes de la
DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres
que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la
camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche
estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces
de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y
Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba
pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández
Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los
detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas.
Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la
orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían
asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo.
Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.
18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE
Los cadáveres quedaron bajo tierra. El
grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al
cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento
extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando
llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que
habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que
nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma
suerte de los que acababan de asesinar.
A la mañana de ese día, Gloria Urra se
levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días
anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl.
Esperaba
encontrarse con todos los detenidos y sus familiares,
sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el
calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se
veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del
comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían
permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así
que esa mañana
esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo
mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los
19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche
anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los
Ángeles.
Los familiares se agruparon y partieron
a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los
encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA;
nada. Después, algunos se fueron a Concepción y
preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina,
en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de
prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se
repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por
semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo
distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin
respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago.
Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.
Dos días después de la masacre, el
sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis
Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos
Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los
días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo,
pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó
Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le
habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El
sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de
septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis
años después, cuando encontraron a los otros 19 en el
cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados
clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos
de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.
EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA
Fueron los testimonios de los que sí
decidieron confesar los que le permitieron al ministro
en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011
una orden de detención para los 14 funcionarios
aún vivos que participaron en las detenciones y en la
ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo
San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar.
El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los
detenidos
la reconstitución de escena de la cadena de hechos
que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue
un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron
más dudas: luego de cuatro días, el ministro
procesó a nueve de los carabineros por homicidio y
a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche
se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar
de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.
La siguiente es la lista de todos
los carabineros involucrados y lo que ocurrió con
ellos:
1.- Alberto Juan Fernández
Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el
oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el
responsable de ejecutar las órdenes que provenían de
Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones
y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a
retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de
vocación”. Fue procesado como autor de homicidio.
Cuando todos los demás obtuvieron la libertad
provisional, él quedó detenido por ser el oficial
responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de
pagar una fianza de $300.000.
2.- Evaristo Garcés Rubilar:
Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en
la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en
la organización de las detenciones y la matanza de los
19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para
la ejecución clandestina y contactó al agricultor
alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987
a los 60 años por un accidente vascular producto de la
diabetes.
3.- Pedro Rodríguez Ceballos:
Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de
las detenciones y tuvo un papel protagónico en la
gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo
después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte
de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2012 el el
Hospital Depreca por un cáncer gástrico mestátasico
que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.
4.- Lisandro Alberto Martínez
García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien
declaró en un principio no haber participados en la
masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina
de partes del cuartel, terminó aceptando su
participación: “Todos portábamos fusiles y
disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de
homicidio y salió en libertad provisional con una
fianza de $300.000.
5.- Luis Antonio León Godoy:
Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que
habían sido los militares los que pasaron por la
Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego
cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio
la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue
procesado como autor de homicidio y salió en libertad
provisional luego de pagar una fianza de $300.000.
6.- José Jacinto Otárola
Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus
declaraciones aseguró que no había participado y que
no estuvo la noche de la matanza. Pero en la
reconstitución de escena, reconoció haber estado allí.
Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la
CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio
todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por
encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza
de $100.000, obtuvo su libertad provisional.
7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike:
Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los
primeros en prestar declaración y reconocer lo que
sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa
noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por
llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio
y obtuvo su libertad provisional después de pagar una
fianza de $300.000.
8.- Florencio Osvaldo Olivares
Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También
reconoció su participación desde el 11 de septiembre
de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”,
dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras
pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad
provisional.
9.- Pedro del Carmen Parra
Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo
interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa
noche. También fue procesado por homicidio y está con
libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su
fianza.
10.- Gabriel Washington González
Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el
hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando
le tocó declarar, dijo que habían sido los militares.
Después reconoció su participación. Los procesaron por
homicidio y hoy está libre.
11.- Samuel Francisco Vidal
Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el
primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio
fue clave para aclarar lo que pasó con los 19
trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y
también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de
$300.000.
12.- Víctor Manuel Campos Dávila:
Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera
declaración sólo dijo que después del 11 de
septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias
de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que
disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a
los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y
hoy goza de libertad provisional.
13.- Nelson Casanova Salgado:
Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca
había participado en un operativo de detención de
trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su
participación. También procesado por homicidio, hoy
está libre después de pagar la fianza.
14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo
1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó
haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo
sobreseyó de la investigación.
15.- Anselmo del Carmen San
Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros.
Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona
del hospital para que pasara la caravana. Después
volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es
uno de los tres carabineros sobreseídos.
16.- Juan de Dios Oviedo
Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También
se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja,
por lo que fue sobreseído.
17.- Sergio Castillo Basaul:
Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el
fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las
detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba
en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el
16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva
masiva, várices esofágicas y cirrosis
José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado
Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura
CECT-SE
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