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CGT
ANEF RECURRIRÁ A LA CONTRALORÍA GENERAL POR TÉRMINO ANTICIPADO DE
CONTRATO DE DIRIGENTA MINVU QUE DECLARÓ EN INVESTIGACIÓN CONTRA HIDROAYSÉN
A la Contraloría General de la República recurrirá la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) con el fin de revertir el
término anticipado del contrato laboral de la presidenta de la asociación
de funcionarios de la seremi de Vivienda y el Serviu regional, Natacha
Pot, luego que ésta declarara ante la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados constituida en Investigadora de HidroAysén. Para la
organización esta situación es irregular porque cuando se dio por
terminada su relación laboral la funcionaria ya tenía inscrita su
candidatura a presidenta de la agrupación sindical, cargo en el cual
posteriormente fue elegida, lo que la hacía gozar de fuero laboral.
Sin embargo, luego que esta situación fuera sometida a la Contraloría
regional, el organismo señaló que el proceso quedó invalidado porque no
habría sido informado al subsecretario de la cartera.
Para el
presidente regional de la Anef, Julio López Ojeda, es ésta una
“interpretación errada de la ley”. “Lo que estamos viendo con el caso de
Natacha Pot en el Serviu y en la seremi de Vivienda es una más, la más
grave quizás, pero una más de otras señales respecto de la actitud del
gobierno que encabeza Sebastián Piñera y en esta región la intendenta
Pilar Cuevas con los funcionarios públicos y con las organizaciones
sociales y sindicales. Ellos no tienen ningún respeto por la voluntad de
los funcionarios públicos” indicó.
Agregó que el proceso fue
avalado por los propios funcionarios, quienes votaron en un acto
democrático respaldado por la legislación vigente. “Estos funcionarios
querían que ella fuese su presidenta y este gobierno no tiene voluntad de
aceptar ese mandato que han dado los funcionarios y eso es grave”
puntualizó.
Ante esto, a través de la dirección nacional del
organismo sindical, se recurrirá a la Contraloría General de la República
para que se pronuncie respecto de este despido irregular. La semana pasada
ya la senadora DC Ximena Rincón se comprometió a iniciar gestiones ante el
contralor Ramiro Mendoza, pero los funcionarios no se quedarán sólo en ese
trámite. “Estamos evaluando seguir con recursos de protección, porque hay
que diferenciar dos focos de conflicto. Primero, hay de parte de la
Contraloría regional una interpretación errada de la ley a nuestro
parecer. Pero lo más grave es que esto nace de una voluntad política de
parte del gobierno, de parte del seremi y el seremi subrogante, de
perseguir a los funcionarios que han declarado en contra de HidroAysén”.
En este sentido recordó los sumarios, sanciones y desvinculacines que
afectaron a los otros dos profesionales que declararon ante la Cámara de
Diputados para informar sobre las gestiones que el ex seremi de Vivienda
Nicolás Terrazas (con conflictos de interés por la participación de su
padre en contratos con HidroAysén y los terrenos por los cuales su hermano
recibiría indemnizaciones de la empresa de aprobarse el proyecto), el
seremi subrogante Rodrigo Solís y la jefa del Departamento de Planes y
Programas del servicio, Rosa Toro, hicieron para cambiar de inconforme a
conforme el último informe de pronunciamiento técnico sobre el proyecto.
Los funcionarios finalmente desviculados fueron la responsable de la
oficina de partes Susana Niccodemi y el evaluador Fernando Miranda.
Julio López emplazó a “la señora intendenta y al diputado Sandoval,
que ha defendido férreamente la gestión de estos seremis, que nos
trasparenten a qué se debe que se defiendan tanto los intereses de
HidroAysén dentro de los servicios públicos y cómo van a garantizar que
las empresas no se tomen el Estado a través de prácticas como ésta”.
Natacha Pot, la dirigenta hoy afectada, asegura que su desvinculación
fue, al menos, extraña, toda vez que se le notificó después que retiraropn
el computador de su puesto de trabajo y eliminaron su tarjeta del reloj
control. “Creo que nunca me atacaron directamente, ni el ex seremi trató
de contradecir lo que yo declaré en la fiscalía y en la Cámara de
Diputados. Yo creo que tampoco tenía argumentos para decir que yo estaba
faltando a la verdad. No sólo a mí sino también al resto de las personas
que fueron a la comisión de Derechos Humanos como Fernando Miranda y
Susana Niccodemi” señaló.
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