Desde el 10 de febrero e incluso antes que Transantiago no funciona. Se disminuyó el número de recorridos sin aumentar las frecuencias de los buses. En los sectores periféricos las alternativas para movilizarse son muy pocas: a veces un sólo recorrido. El plan no contempló el traslado de los sectores populares hacia algunas zonas o bien hacia el centro de la capital. Ya no hay recorridos que crucen Santiago, que eran los que ocupaban los sectores populares para ir a sus trabajos. La dignidad de los trabajadores simplemente no fue contemplada por técnicos, políticos y empresarios. Transantiago subdividió los sectores del Gran Santiago y sus vías más importantes, que fueron “rematadas” a empresas, al mejor postor, obligando a los trabajadores a tomar dos o tres locomociones donde antes tomaban sólo una. El supuesto beneficio que los nuevos buses traerían a discapacitados y ancianos fue sólo “demagogia”. ¿Pero por qué Transantiago no funciona? El gobierno insiste en que es porque los microbuseros no han colocado en circulación la totalidad de los buses que prometieron. La realidad es otra, y aunque pusieran más buses, no resultaría, y es que la tecnología que hace que el trasporte público funcione –cómo sucede en las principales capitales del mundo- aun no se ha instalado, como se prometió. Esa es la verdadera razón del fracaso del Transantiago.

Las autoridades en vez de buscar soluciones para el caótico Transantiago han preferido hacer oídos sordos. Incluso han presentado querellas por las protestas, bloqueos de calles, marchas, tomas de buses y desórdenes sucedidos en el sector céntrico y la periferia de la capital. Casi nadie habla que el plan Transantiago ha provocado la cesantía de miles de personas: choferes, “sapos” de la micros, vendedores ambulantes, inspectores, mecánicos, y miles de trabajadores que laboraban en torno a las micros “amarillas”.

Transantiago no ha cumplido con la “modernización” que prometió. Los usuarios se han visto obligados a levantarse una o dos horas antes por un servicio que hasta ahora no funciona. Pero el culpable de todo no es el ex futbolista Iván Zamorano, sino que son las autoridades y las empresas que están lucrando con este sistema de transportes.

Transantiago se puso en marcha a pesar de que la infraestructura prometida no está aún terminada. Hay 25 kilómetros de desvíos de tránsito, decenas de obras viales incompletas, congestión y tacos en horas punta, y el Metro está completamente colapsado por el colosal aumento de usuarios en “horas punta”. En cinco puntos estratégicos para el flujo vehicular: Las Industrias, Pajaritos, Pedro Aguirre Cerda, Vicuña Mackenna y Las Rejas-Mapocho-, aún no se terminan de construir los llamados “corredores exclusivos”. Los desvíos de tránsito -se dijo- permanecerán hasta diciembre de 2007. Para los usuarios del transporte, es decir el 80 por ciento de la población de Santiago, las obras viales incompletas y la falta de buses se han convertido en un infierno. Muchos ya han perdido su trabajo y han debido experimentar un aumento del estrés y enfermedades. Algunos incluso han fallecido por causas asociadas al nuevo sistema de Transportes. Ha habido demasiada improvisación, tacos espantosos, buses nuevos pasando por calles de tierra, paraderos y terminales de buses sin terminar, incumplimientos laborales para los choferes de las empresas operadoras. Transantiago “vendió” demasiadas ilusiones, aunque algunos sabían de antemano que resultaría un completo fracaso.

Cinco días después del inicio del Transantiago, los senadores Alejandro Navarro y Nelson Ávila presentaron un informe a la Contraloría General de la República que hoy se encuentra investigando al Administrador Financiero del Transantiago (AFT) -conformado por el BancoEstado, Banco Santander Chile, Banco de Chile y Banco de Crédito e Inversiones, y las empresas CMR Falabella y Sonda-. Los informes detallan los graves incumplimientos del AFT y de Sonda, la empresa que se encargaría del soporte tecnológico del Plan Transantiago

.

Contraloría determinará las responsabilidades del AFT y particularmente de la empresa tecnológica Sonda S.A., de propiedad del empresario Andrés Navarro, uno de los más importantes financistas de la Democracia Cristiana, quien además es socio de Sebastián Piñera, a quien apoyó en la última elección presidencial.

"Es esencial que Contraloría determine en forma precisa y clara cuáles son los límites de tolerancia a los graves incumplimientos del AFT, a la que le han otorgado reiteradas prórrogas para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, las que a la fecha, fuera de todo plazo contractual, aún no se han cumplido", señalan los senadores.

Contraloría investigará los contratos de Sonda y el AFT con las empresas TIMM y Siemens, a fin de examinar "la legalidad de las autorizaciones para utilizar la tecnología, el respeto de la propiedad intelectual e industrial de sus respectivas tecnologías ofrecidas en la licitación publica, además de las acreditaciones de conformidad a las bases de la licitación". Según las Bases generales y técnicas del Transantiago, las fechas contempladas en la licitación no han sido cumplidas por Sonda y el AFT. El AFT prometió que la tecnología para todos los buses se implementaría a fines de agosto 2006. Los hechos evidentemente indican otra cosa.

Contraloría deberá investigar la legalidad de las reiteradas prórrogas otorgadas al AFT en la implementación de la tecnología adjudicada. Dada la envergadura y repercusiones del incumplimiento del AFT tanto de su obligación contractual, como de las molestias causadas a los usuarios, deberán determinar qué resguardos tomó el gobierno a fin de garantizar “el bien común, de las personas, la seguridad jurídica, y las garantías constitucionales vulneradas", señalan los senadores. Tras el fracaso de la tecnología de Siemens, corresponde a la Contraloría pronunciarse si podría ocuparse la otra empresa tecnológica de la adjudicación de la licitación pública, la empresa mexicana TIMM. El AFT en el documento “Antecedentes del Proveedor o Integrador Tecnológico”, señalaba que los proveedores de la tecnología del Transantiago serían Siemens y Transporte Inteligente Multimodal (TIMM).

Las empresas hacen lo que quieren

Sonda, de propiedad del empresario Andrés Navarro, hasta ahora no se ha visto afectada por sus incumplimientos en el AFT, por el retraso en el cobro de tarifas y el que el gobierno haya hecho efectivas boletas de garantía por 5,1 millones de dólares. Incluso, Sonda anunció que efectuará nuevas “inversiones” por 70 millones de dólares en el Transantiago. Recientemente, AFT modificó el contrato vigente con Sonda, incluyendo entre los servicios tecnológicos "la realización de pruebas en los sistemas", lo que significará mayores ganancias para la empresa Sonda. Tras el cambio de contrato, Sonda elevó en un 9,5 por ciento su tarifa por el "servicio que implementó para Transantiago". Eso quiere decir que Sonda ganará mucho más dinero que el que fue estipulado a pesar que no ha cumplido con instalar la tecnología que prometió.

Para el senador Navarro, mientras Contraloría investiga el rol del AFT, el gobierno debiera caducar el contrato a Sonda: "La crisis desatada por Transantiago no se resolverá en mayo ni en agosto, durará meses", dice. Reprocha al gobierno la "extrema precariedad de la información que se entregó a los operadores", y advierte que "la gratuidad otorgada en los pasajes en un primer momento fue un grave síntoma de que la crisis era mucho más profunda de lo que el ministerio de Transportes y Sonda confesaron". "Ni Sonda, ni el empresario microbusero Navarrete ni los bancos, incluyendo BancoEstado, saben de este negocio de transportes. Ya los resultados están a la vista. La pregunta es en qué país desarrollado a los que Chile busca parecerse, existe el sistema que se pretende instalar en Santiago. La respuesta es en ninguno. En todos ellos el transporte público está en manos del Estado. Acá se pretende hacer que los bancos administren lo que en París, Roma, Estocolmo, Ottawa, Madrid y las principales capitales del mundo, hace el Estado. Sonda debiera salir de Transantiago si persisten las fallas. No resulta lógico ni coherente que continúen al frente del Transantiago quienes han mostrado severa incapacidad".

Contraloría deberá investigar porqué no se cumplió con instalar el sistema de Control de flota, y los ocho elementos tecnológicos que se prometieron estarían en cada bus, entre ellos: sistema de localización (GPS), contador de pasajeros, control de puertas, sistema de intercambio en línea del conductor y la central de operaciones; botón de pánico y la pantalla informativa a los pasajeros. La tecnología que se contrató en la licitación y que fue la comprometida, no es la que se está aplicando y no es la que se presentó en las bases de licitación. “Se le dijo al Ministerio de Transportes que se instalaría el sistema con un soporte informático ya probado en el mundo, y no se cumplió, no se instaló la tecnología de TIMM", dice el senador.

Plazos que no se cumplen

La presidenta Bachelet ha reconocido las dificultades sufridas por los sectores populares tras la caótica implementación del Transantiago, aunque recalcó que "el cambio ya se está notando, con menos contaminación, congestión y ruido en una ciudad más ordenada". Dice confiar en el éxito del plan: "Santiago ya no toleraba el mediocre sistema de transporte que tenía. Hemos dado el paso más difícil. Sabemos que hay deficiencias y debilidades y nosotros como gobierno nunca hemos ocultado la cabeza frente a los problemas. Podemos ser optimistas, Transantiago va a funcionar bien. Transantiago debe responder mucho mejor".

Se siguen anunciando medidas de parche: prolongar la labor de monitores, modificar recorridos, fiscalizar el cumplimiento de la cantidad de buses comprometidos por contrato, mejorar frecuencias en la periferia, un plan de seguridad nocturna y de madrugada. Transantiago sigue preocupando al gobierno. Se han realizado Consejos de Gabinete, sesiones en el Congreso y reuniones extraordinarias de los ministros. Sin embargo, el sentir de la mayoría de la población del Gran Santiago es otro. Decenas de manifestaciones de pobladores y usuarios, cortes de calle, marchas y violentas protestas han ocurrido en la periferia y zonas perjudicadas por el plan: Maipú, San Bernardo, El Bosque, Lo Prado, Quinta Normal, Quilicura, Estación Central, Pudahuel, Cerro Navia, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, La Florida, Huechuraba, San Joaquín, Lo Barnechea, Puente Alto y Peñalolén, entre otras. Jubilados, discapacitados y personas afectadas han presentado recursos judiciales contra Transantiago al sentirse completamente discriminados en el nuevo sistema.

La presidenta Bachelet sigue respaldando completamente la gestión de las autoridades de Transportes, incluido al ex ministro Espejo y al actual ministro René Cortazar. Pero las estadísticas confirman que en horario punta y en la noche las frecuencias de recorridos de buses son completamente insuficientes e incluso inexistentes, lo que genera atochamiento, enormes retrasos y un cada vez más creciente descontento. Sobre un 60 por ciento de los trabajadores registran atrasos en la llegada a sus trabajos por culpa del plan Transantiago.

Las multas cursadas a los operadores superan el millón y medio de dólares. Hace un mes, el gobierno dio plazo de quince días a las empresas para solucionar graves incumplimientos laborales: violaciones de contratos de trabajo -algunos firmados en blanco-, deficientes normas de higiene y seguridad, jornadas de trabajo, descansos irregulares, remuneraciones cuestionadas, nulas condiciones sanitarias y ambientales en lugares de trabajo, inexistencia de libros de asistencias, entre otras. Pero el plazo no se cumplió. La propia Dirección del Trabajo reconoció la necesidad de una urgente corrección de las condiciones laborales de cientos de choferes de las empresas operadoras del Transantiago. El gobierno ha sabido sortear hasta ahora dos paros de trabajadores, pero podrían venir otros.

Transantiago sólo ha significado para los usuarios más hacinamiento, aumento de horas de viaje, atochamiento en paraderos y entradas del Metro, incomodidad, disminución de horas de sueño, aumento de trasbordos, periferia sin buses y bajas frecuencias, discriminación y muertes, deteriorando gravemente las condiciones de vida de millones de santiaguinos.

Abogado Mario Soazo entrevistado por La Voz de los Trabajadores

"El gobierno debe hacer cumplir los contratos"

El abogado Mario Soazo, representante de la empresa TIMM -que ha denunciado el robo de su tecnología- conversó con el programa “La Voz de los Trabajadores” de la Confederación General de Trabajadores (CGT), en Radio Tierra, explicando los graves incumplimientos del Transantiago que han significado hasta ahora que el plan de transportes no funcione.

 
Abogado Mario Soazo

Según el contrato entre Sonda y el AFT, los ingresos de la empresa tecnológica de Andrés Navarro por 12 años sumarán 428.005.531 dólares. Pero los verdaderos costos de implementación de la tecnología eran impresionantemente menores: sólo ascendían a 40.199.046 dólares. Sonda, entonces, obtendrá cómodas ganancias de casi 400 millones de dólares por instalar la tecnología en los buses, tecnología que hoy no funciona y, además, no es la que Sonda presentó en el proceso de licitación del AFT.

Sonda ganó la licitación exhibiendo como propia una tecnología que no le pertenece. Utilizó información confidencial y tecnología de la empresa Transporte Inteligente Multimodal (TIMM) y de Roberto Sone -uno de los dueños de TIMM-, para adjudicarse el negocio del AFT. Sonda se apropió de imágenes e información de equipos, e incluso citó como propia la experiencia de TIMM en proyectos de transporte internacionales en los cuales jamás participó. La empresa de Andrés Navarro plagió párrafos completos, dibujos y prácticamente todo el Manual de TIMM, usando su experiencia y derechos protegidos por la ley de propiedad intelectual y la de propiedad industrial en su propio beneficio. Luego, desconoció cualquier relación con TIMM.

“TIMM exige el cumplimiento del contrato entre el Estado de Chile y el AFT. Esto es el cumplimiento de las bases de la licitación pública y de la oferta técnica, en cuya virtud se evaluó y adjudicó el AFT con nuestra tecnología y experiencia, y en la que expresamente se señaló que los proveedores de la tecnología eran las empresas Siemens y TIMM”, señaló el abogado Mario Soazo.

“Exigimos al Estado y a sus autoridades, principalmente al ministerio de Transportes, que se fiscalice el cumplimiento de las bases de licitación pública. En las bases técnicas se exige toda la implementación al interior de los buses. Esto es un software de gestión de flota, el validador y el contador de personas, la instalación de GPS y unidades de monitoreo. Nada de esto se encuentra actualmente en funcionamiento en los buses. Existen más de dos mil buses sin ningún tipo de equipamiento. La fecha de implementación de la tecnología venció respecto del AFT en mayo del año pasado. A esa fecha debieron haberse realizado marchas blancas, correcciones, comentarios, y no sucedió. Se dijo que se prorrogaba el Transantiago para implementar la infraestructura vial y la tecnología en los buses. En las bases se exige tecnología de punta. Sonda al presentar la oferta técnica utilizó los manuales de uso de las tecnologías de TIMM. Esa es la tecnología que se adjudicó realmente Transantiago. En la oferta técnica, asimismo, se dice expresamente que uno de los proveedores de la tecnología va a ser TIMM. Lo que hasta la fecha no ha sucedido. Lo que está instalando Sonda y el AFT en los buses simplemente no funciona”, dice el abogado Mario Soazo.

Pero las autoridades siguen diciendo que Transantiago funcionará y que las denuncias de TIMM son un problema entre privados. "Es un tema de derecho público. Las autoridades y Sonda han desviado la atención sosteniendo que es un problema entre privados. Aquí se están infringiendo normas de carácter constitucional, normas de derecho administrativo, la ley de bases sobre la Administración del Estado, leyes propias de las licitaciones. Normas de derecho público que deben ser garantizadas y su cumplimiento debe ser fiscalizado precisamente por las autoridades. Las acciones que TIMM pueda ejercer contra Sonda no están siendo discutidas. Todo contrato es ley para las partes y mayor envergadura tiene cuando se trata de un contrato con el Estado, que nos representa a todos los ciudadanos. Se debe exigir el cumplimiento de las bases de licitación, de la oferta técnica, y el gobierno debe fiscalizar la implementación de Transantiago antes, durante y después de su entrada en vigencia. ¿Dónde está la fiscalización y el cumplimiento de la ley?", se pregunta el abogado de TIMM.

Sonda no cumple

La empresa Sonda no sólo registra incumplimientos en Chile. Fue acusada en Ecuador de ganar con malas artes la licitación de cédulas de identidad. Además, el Poder Judicial de Costa Rica ejecutó garantías de cumplimiento de contrato de servicios por 566.000 dólares en su contra. En marzo de 2006, el gobierno de Costa Rica interpuso otra demanda en contra de Sonda por incumplimiento, daños y perjuicios. La Secretaría de Seguridad Pública de México, también interpuso una demanda en contra de Sonda-Pissa, filial mexicana de Sonda, por incumplimiento de un contrato adjudicado en licitación pública y exige el pago de 1,6 millones de dólares. Sonda do Brasil fue demandada por 28,8 millones de dólares por el Ministerio Público del Trabajo de Brasil. También se le notificó de infracciones tributarias por 29 millones de dólares, cursada por los municipios de Sao Paulo y de Campinas. A pesar de todos estos “malos antecedentes” e “incumplimientos” de Sonda, en Chile continúa a cargo de la tecnología del Transantiago.
 

Artículos relacionados: